Resumen: El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso del demandante contra la sentencia que ha desestimado la demanda en la que impugnaba una sanción de suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave. El Juzgado consideró probado que, pese a tres previos requerimientos de tres distintos responsables de la empresa, el trabajador desobedeció durante cinco días laborales la orden de portar mascarilla preventiva del COVID-19 en el trabajo. El trabajador considera que la sanción es nula por no fijarse en la carta cuál de los apartados de las faltas muy graves previstas en convenio colectivo es el que se le imputa, lo que la Sala rechaza, al constar claramente qué hechos se le imputan, quedando subsumidos los hechos en una de las tres faltas que prevé ese precepto del convenio colectivo. Desecha también la Sala que la sanción sea desproporcionada, aplicando la doctrina gradualista y considerando que, sobre sesenta días de suspensión de empleo y sueldo que prevé el convenio, se le impusieron treinta, sin que el convenio colectivo imponga grave perjuicio empresarial para tal sanción. Igualmente entiende irrelevante que el trabajador pasase a incapacidad temporal en el periodo de cumplimiento de la sanción, pues ésta se hará efectiva cuando pase a alta laboral.
Resumen: La relación laboral especial se extinguió por desistimiento de la empleadora, teniendo en esa fecha 1.067 días al Sistema Especial de empleados de hogar de la Seguridad Social. Aunque el desistimiento no se encontraba entre los supuestos determinantes de la situación legal de desempleo, esto respondía a que entonces no tenían acceso a esta prestación de desempleo los empleados de hogar, pero se debe aceptar como tal en aplicación analógica al tratarse de una causa de extinción no imputable al trabajador que el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social no contemplaba dando un tratamiento discriminatorio por razón de género. En aplicación del Derecho de la Unión, si la exclusión de estos empleados del Régimen común es contraria a las Directivas europeas, la inclusión en la norma debió realizarse desde que nació ésta y por tanto la falta de cotización no se debió a la voluntad del solicitante sino a la voluntad legal ilícita por un factor de discriminación basado en el sexo, debiendo soportarla Administración aplicando la práctica habitual en la Seguridad Social de las cotizaciones ficticias, que a efectos del reconocimiento de las prestaciones permite equiparar a días cotizados períodos de tiempo en los que no se realizaron cotizaciones efectivas.
Resumen: AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES)
